La esperanza enraizada

Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Tiene universidades, empresarios, científicos, intelectuales, sindicatos, movimientos sociales y varias generaciones de políticos. A pesar de todo eso, acaba de elegir por cuarta vez a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.

Lula tiene 80 años. Cumplirá 81 el 27 de octubre. Gobernó entre 2003 y 2010, regresó en 2023 y acaba de conseguir otro mandato. Este domingo 25 de octubre ganó con el 51.77% de los votos frente a Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 48.23%. Curiosamente, Lula había perdido la primera vuelta.

Hay que reconocerle algo: el viejo sigue sabiendo ganar elecciones. Y algo todavía más… inquietante… Para mucha gente (curiosamente, muchos ni siquiera brasileños), Lula es «la personificación de la esperanza».

La pregunta principal es por qué, después de tantos años, la izquierda brasileña sigue necesitando al mismo hombre para ofrecerle un futuro al país. ¿De verdad no existe otro dirigente capaz de continuar su proyecto? ¿Cuánto de esa lealtad responde a sus resultados y cuánto al culto a una personalidad que parece haberse vuelto indispensable?

¿Qué clase de movimiento político presume de representar el progreso cuando lleva casi cuatro décadas dependiendo del mismo candidato?

Lula lleva compitiendo por la presidencia desde 1989. Perdió en 1989, 1994 y 1998. Ganó en 2002, 2006, 2022 y ahora en 2026. Buena parte de los electores que votaron este domingo todavía no habían nacido cuando aquel sindicalista comenzó su carrera presidencial.

La esperanza brasileña ya tiene suficientes años para cobrar una pensión. Y parece que nadie está dispuesto a jubilarla.

Un pasado que conviene recordar completo

Hay que reconocer que los primeros gobiernos de Lula consiguieron avances importantes. La pobreza disminuyó, millones de brasileños mejoraron sus condiciones de vida y programas como Bolsa Família contribuyeron a reducir la desigualdad. Su administración aprovechó una coyuntura económica favorable y tomó decisiones acertadas. Los resultados están documentados y merecen reconocimiento.

También merece atención lo que ocurrió dentro de su gobierno mientras construía su imagen como defensor de los pobres. Porque algunos de sus colaboradores más poderosos participaron en esquemas de corrupción que terminaron sacudiendo las instituciones brasileñas.

En 2005 estalló el escándalo del mensalão. El mecanismo era bastante sencillo, aunque su ejecución requería una organización considerable: pagar a legisladores para conseguir su apoyo en el Congreso. Dinero a cambio de votos.

El esquema involucró a dirigentes del Partido de los Trabajadores, intermediarios financieros y operadores políticos. Su objetivo era asegurar una mayoría parlamentaria favorable al gobierno. La investigación identificó el uso de empresas publicitarias, movimientos financieros y préstamos simulados para canalizar recursos hacia los destinatarios.

José Dirceu, jefe de gabinete de Lula y uno de sus colaboradores más cercanos, terminó condenado por el Supremo Tribunal Federal por corrupción activa. Los magistrados establecieron que había utilizado su posición para coordinar y proteger el esquema.

Estamos hablando de un hombre que ocupaba una de las posiciones más importantes del gobierno brasileño, tenía acceso directo al presidente y desempeñaba un papel fundamental en la operación política de su administración.

¿Y Lula? Él sostuvo que desconocía las actividades ilegales. Una respuesta extraordinariamente conveniente para alguien que había construido buena parte de su prestigio alrededor de su capacidad de liderazgo.

Porque aquí llegamos a un problema que suele repetirse cuando se descubre corrupción en los gobiernos de líderes populares.

Si Lula sabía lo que ocurría y decidió permitirlo, era parte de la corrupción. Si realmente no sabía lo que estaban haciendo sus principales colaboradores, era incompetente para supervisar su propio gobierno.

La distinción es relevante desde el punto de vista penal. Nadie debería recibir una condena sin pruebas de su participación. Desde el punto de vista político, ninguna de las dos posibilidades resulta aceptable. El carisma no debe ser blindaje para un político corrupto o uno incompetente.

¿Podemos considerar extraordinariamente competente a un presidente que desconoce cómo opera un esquema de compra de legisladores organizado desde las cercanías de su propio despacho? ¿O tenemos que aceptar que un dirigente puede atribuirse personalmente los éxitos de su administración mientras declara ignorancia absoluta sobre las operaciones ilegales de sus colaboradores más importantes?

El asunto recuerda a esos jefes que presumen conocer perfectamente su empresa hasta que aparece un desfalco multimillonario. Entonces resulta que apenas sabían dónde estaba la cafetera.

Y si el mensalão parecía suficiente para poner en duda la integridad del proyecto político, después apareció Petrobras.

El mecanismo era distinto, pero igualmente lucrativo. Empresas constructoras y proveedoras se organizaban para manipular licitaciones y repartirse contratos con la petrolera estatal. Los precios se inflaban y parte de los recursos terminaba convertida en sobornos para funcionarios, intermediarios y organizaciones políticas.

Las investigaciones documentaron que ese esquema operó, al menos, entre 2004 y abril de 2012. Es decir, durante buena parte de los primeros gobiernos de Lula y posteriormente bajo Dilma Rousseff.

Estamos hablando de una de las empresas estratégicas más importantes de Brasil, con inversiones multimillonarias, contratos internacionales y un peso enorme en la economía nacional. Durante años, una estructura de corrupción consiguió operar dentro de ese universo.

Y nuevamente tenemos que hacer la misma pregunta: ¿el presidente desconocía que existían semejantes mecanismos?

Los sistemas de corrupción pueden funcionar mediante complicidades, omisiones deliberadas, controles deficientes y redes que aprovechan la protección política. Un presidente no necesita firmar personalmente una orden de soborno para cargar con responsabilidades políticas por lo ocurrido durante su administración.

Eso es algo que particularmente a la izquierda le encanta olvidar cuando se trata de gobiernos emanados de sus filas. Si el gobernante es contrario, hasta el robo de un medicamento en una clínica rural es responsabilidad de él, y razón para pedir su destitución y encarcelamiento. Si es de izquierda, resulta que no tiene por qué enfrentar consecuencias o que todo es un complot de la derecha para dañar al movimiento.

Lula también enfrentó procesos judiciales. Fue condenado en casos asociados con Lava Jato, pero el Supremo Tribunal Federal anuló posteriormente aquellas sentencias por cuestiones de tecnicismos jurídicos. Si bien Lula no conserva esas condenas y tiene plena presunción de inocencia, los esquemas de corrupción documentados durante sus gobiernos siguen formando parte de su legado político.

Lo verdaderamente sorprendente es la extraordinaria elasticidad del criterio con el que sus seguidores parecen evaluar su administración. La reducción de la pobreza fue obra de Lula. El crecimiento económico fue obra de Lula. Los avances sociales fueron obra de Lula. Pero el mensalão y Petrobras fueron responsabilidad de otras personas, de malos colaboradores o de circunstancias que misteriosamente escaparon a su conocimiento.

Qué extraordinaria manera de ejercer el poder. Los méritos son personales y las responsabilidades se distribuyen entre todos los demás.

¿Y de verdad no hay nadie más?

El Partido de los Trabajadores fue fundado en 1980. Tiene una estructura nacional, miles de militantes, gobernadores, legisladores, funcionarios y dirigentes con experiencia. Ha tenido incluso otra presidenta: Dilma Rousseff, quien gobernó entre 2011 y 2016. Fernando Haddad también fue candidato presidencial en 2018.

Rousseff terminó destituida mediante un juicio político. Haddad perdió ante Jair Bolsonaro. El partido regresó a su fundador cuando encontró una oportunidad de recuperar el gobierno. Y en 2026 volvió a hacerlo.

Desde una perspectiva electoral, la decisión tiene lógica. Lula conserva una base de seguidores, reúne distintas corrientes de izquierda y representa una marca que los votantes conocen desde hace décadas. Pero esa lógica también revela una enorme pobreza en la renovación política y un culto a la personalidad política que siempre he encontrado particularmente repugnante.

Un movimiento no debería defender al pueblo durante cuarenta años y seguir sin encontrar a nadie más dentro de ese mismo pueblo que considere suficientemente preparado para dirigirlo.

Cuando toda una organización se estructura alrededor del prestigio de una persona, los cuadros jóvenes esperan, los aspirantes moderan sus ambiciones y los posibles sucesores tienen que demostrar lealtad antes que independencia. La falta de sucesores justifica la permanencia del dirigente, mientras esa misma permanencia impide que alguien más alcance el reconocimiento necesario para sustituirlo.

Es un círculo perfecto. Y una maravilla administrativa para quien ocupa el centro.

La izquierda y su afición por los redentores

Ambas corrientes políticas han producido caudillos, dinastías y dirigentes convencidos de que el país entero depende de su permanencia. La derecha latinoamericana tiene una colección bastante respetable de ejemplos.

Basta observar lo ocurrido este domingo en Brasil. Frente a Lula estaba Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. El electorado terminó eligiendo entre un político cuya primera campaña presidencial ocurrió en 1989 y el heredero político de un expresidente. Toda una celebración de lo jodida que está la política latinoamericana en estas décadas.

Ciertas izquierdas latinoamericanas acompañan la permanencia del líder con una justificación moral. El gobernante se presenta como representante de los trabajadores, los pobres y los históricamente excluidos. A partir de ahí resulta relativamente sencillo construir una idea peligrosa: cuestionar al líder equivale a cuestionar al pueblo que dice representar.

Cuando el proyecto político adquiere semejante dimensión moral, la alternancia puede presentarse como una amenaza a la justicia social. El dirigente deja de ser un administrador temporal del Estado y se convierte en guardián de una causa histórica.

Aquí en México, algunos personajes dan un paso más. Noroña ha dicho abiertamente que si la oposición gana en 2027 o 2030, lo meterían a la cárcel. (A explicación no pedida…)

La derecha también utiliza variantes de esta operación. Sus dirigentes pueden proclamarse defensores exclusivos de la patria, el orden, la familia o la libertad, mientras convierten a sus adversarios en enemigos de esos valores. El mecanismo es semejante, aunque cambien las banderas.

Resulta curioso cómo, a pesar de declararse contrarios a las instituciones religiosas tradicionales, algunos movimientos de izquierda adquieren una dimensión casi religiosa. Hay una causa justa, un pueblo que debe ser liberado y un dirigente que interpreta correctamente sus necesidades. La posibilidad de que se equivoque resulta incómoda y la posibilidad de que deba retirarse parece una traición al proyecto.

Así terminamos encontrando figuras que llevan décadas presentándose como encarnaciones indispensables de procesos históricos: Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez y la continuidad de su proyecto bajo Nicolás Maduro en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua. Este último ya se dejó de hipocresías: amenazó con acabar con las elecciones y ahora impulsa reformas para que la oposición no pueda disputarle el poder

Son experiencias distintas, con grados de autoritarismo muy diferentes. Lula ha ganado elecciones competitivas dentro de un sistema constitucional que permite la alternancia. Equipararlos jurídicamente sería un error. Lo que comparten ciertas formas de liderazgo es la dificultad para distinguir entre la supervivencia de una causa política y la permanencia de quienes dicen representarla.

Y eso debería preocupar particularmente a quienes afirman defender la igualdad, porque resulta bastante peculiar construir un movimiento donde todos pueden aspirar al poder, siempre que uno solo tenga prioridad permanente para ejercerlo.

La reelección como proyecto político

Brasil permite una reelección presidencial consecutiva y, después de pasar un periodo fuera del cargo, un expresidente puede volver a competir. Lula utiliza un mecanismo constitucional legítimo. La cuestión es por qué sigue queriendo hacerlo y por qué su partido vuelve a necesitarlo.

La reelección ofrece ventajas conocidas: reconocimiento público, experiencia de gobierno, capacidad de organización y una base electoral mucho más sólida que la de un candidato nuevo. También puede favorecer la concentración de poder dentro de los partidos.

Un gobernante que gana repetidamente puede terminar interpretando cada resultado como una confirmación de que su presencia es indispensable. El poder tiene esa desagradable característica: suele convencer a quienes lo ejercen de que su ausencia sería una desgracia nacional.

Un político verdaderamente preocupado por su legado debería construir instituciones capaces de funcionar cuando él desaparezca, formar dirigentes que puedan superar sus propios resultados y aceptar que las nuevas generaciones tienen derecho a modificar las políticas que recibieron.

Existen izquierdas capaces de hacerlo. El Frente Amplio uruguayo, por ejemplo, ha gobernado con Tabaré Vázquez, José Mujica y, desde 2025, Yamandú Orsi. Ha conseguido conservar una identidad política mientras incorpora diferentes generaciones y liderazgos. El personalismo constituye una decisión política y no un destino inevitable.

Una esperanza con demasiadas raíces

Brasil acaba de demostrar que todavía puede elegir a Lula. Su partido, en cambio, lleva décadas sin demostrar que puede prescindir de él.

La paradoja resulta formidable. Un movimiento que nació con la promesa de transformar las estructuras de poder termina organizado alrededor de una de las figuras más antiguas de la política continental. Una izquierda que habla constantemente del futuro vuelve a recurrir a un dirigente cuya trayectoria comenzó antes de la caída del Muro de Berlín.

Y una organización que presume de representar a las mayorías continúa depositando su principal esperanza electoral en una sola persona.

Lula tendrá otros cuatro años para gobernar Brasil. Su victoria demuestra su capacidad para conservar el apoyo popular, pero queda pendiente demostrar que su proyecto puede sobrevivir a su retiro. También tendrá que cargar con una historia en la que conviven avances sociales genuinos y escándalos de corrupción que ningún elogio puede borrar.

Las sociedades necesitan dirigentes capaces de resolver problemas, instituciones que sobrevivan a quienes las encabezan y partidos que formen nuevas generaciones. Cuando el destino político de una nación parece depender permanentemente del regreso de un expresidente, vale la pena preguntarse qué ocurrió con todas aquellas promesas de transformación.

Quizá ese sea el verdadero fracaso de los movimientos que terminan enamorados de sus fundadores: consiguen convencer a millones de personas de que representan el futuro, pero nunca encuentran el momento adecuado para entregárselo a alguien más.

La esperanza debería echar raíces en las instituciones, las libertades y las oportunidades de los ciudadanos. Cuando se aferra durante décadas al mismo dirigente, corre el riesgo de convertirse en una costumbre. Y las costumbres políticas, cuando echan raíces demasiado profundas, terminan pareciéndose a aquello que sus fundadores prometieron combatir.

Porque «La Esperanza de Latinoamérica» que necesita al mismo hombre durante cuarenta años comienza a parecerse demasiado al miedo de quedarse sin él.