El revolucionario que descubrió los intereses.

Marx Arriaga descubrió que los intereses existen.

El hallazgo llegó después de casi siete años en puestos directivos del gobierno federal y cinco al frente del área responsable de elaborar los libros con los que la Secretaría de Educación Pública pretendía formar a millones de niños.

Arriaga publicó que está “malbaratando” su casa porque Santander podría rematarla. Culpó a los “malditos intereses” y aseguró que habían pasado más de seis meses sin recibir su liquidación de la SEP.

Ni siquiera esa cuenta sale bien.

Fue separado del cargo el 13 de febrero y publicó el mensaje el 16 de julio. Habían transcurrido 153 días: cinco meses y tres días. Su primera víctima volvió a ser la aritmética.

La casa tampoco apareció ayer por generación espontánea. La compró mediante un crédito en 2011 por un millón 355 mil pesos. Tiene 193 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 400 metros cuadrados. El precio al que pretende venderla y el saldo actual de la hipoteca siguen sin conocerse.

Conviene detenerse en 2011.

Banco de México reportaba entonces un costo anual total promedio de 13.99% para una hipoteca estándar, calculada con 20% de enganche, 800 mil pesos financiados y un plazo de 15 años. Si tomamos literalmente un financiamiento de un millón de pesos bajo condiciones semejantes, la mensualidad rondaría los 12 mil 800 pesos.

Con la recomendación de no destinar más de 30% del ingreso al pago de una hipoteca, el solicitante habría necesitado comprobar cerca de 42 mil 500 pesos mensuales. Con criterios bancarios más tolerantes, alrededor de 32 mil. Es una estimación, porque desconocemos el contrato, el enganche, el plazo, la tasa y si existió un obligado solidario. Lo comprobable es que un banco no entregaba un millón de pesos en 2011 con una credencial de maestro, una consigna revolucionaria y mucha fe en los saberes comunitarios. Exigía ingresos, historial y capacidad de pago.

Marx sabía que existían los intereses. Aparecían en el contrato, en la tabla de amortización y en cada estado de cuenta recibido durante quince años.

Su problema actual puede ser real. Su explicación, como de costrumbre con alguien ligado a Morena, es infantil.

La ironía adquiere cierto refinamiento cuando recordamos qué hizo Arriaga con los libros de texto. Bajo su gestión desaparecieron los volúmenes específicos de Matemáticas y otras materias. Los contenidos quedaron dispersos entre proyectos y campos formativos con nombres como “Saberes y pensamiento científico”, “Ética, naturaleza y sociedades” y “De lo humano y lo comunitario”.

Una especialista calculó que, durante los primeros grados, apenas alrededor de 12% de los contenidos correspondía a matemáticas y calificó ese material como escaso y con deficiencias didácticas. Cuando Arriaga intentó defender el modelo, presentó una gráfica que trataba datos inexistentes como ceros. Hasta su explicación sobre la presencia de las matemáticas tuvo problemas matemáticos.

La tabla de amortización no se conmueve con los ejes articuladores. La tasa no baja mediante una asamblea comunitaria. El capital insoluto tampoco desaparece porque el deudor denuncie al neoliberalismo.

La banca podrá ser criticada por muchas razones. Cobrar los intereses aceptados durante la contratación de un crédito no constituye una emboscada ideológica.

Arriaga tampoco era un profesor rural sobreviviendo con un salario miserable. En su declaración patrimonial de 2025 reportó una remuneración neta anual de un millón 643 mil 881 pesos. El promedio equivale a 136 mil 990 pesos mensuales, después de impuestos e incluyendo prestaciones.

El precio original de su casa representaba 9.9 meses de ese ingreso.

Cinco años con una remuneración semejante sumarían cerca de 8.2 millones de pesos, equivalentes a 6.1 veces el precio de compra de la vivienda. Si usamos ese ingreso únicamente como referencia para sus casi siete años dentro del gobierno federal, la cifra superaría ocho veces aquel valor.

Nadie puede destinar todo su salario a una hipoteca. La comparación sirve para medir la escala del relato. Estamos hablando de un exfuncionario con ingresos ubicados muy por encima de los de la mayoría de los mexicanos, no de un trabajador al que una mensualidad de tasa variable tomó completamente por sorpresa.

Su llegada al gobierno tampoco surgió de la nada.

Antes de incorporarse a la administración federal fue profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En 2013 participó como lector y sinodal en el examen con el que Beatriz Gutiérrez Müller obtuvo el doctorado en Humanidades por la UAM. El vínculo documentado entre ambos se remonta, por tanto, al menos trece años.

Después llegó a la Dirección General de Bibliotecas y, en 2021, a la Dirección General de Materiales Educativos. Su trayectoria académica existía y merece «reconocerse». Aunque ahora sabemos que no le sirvió para cosas medianamente básicas. Su relación con una de las figuras centrales del entorno de López Obrador también existía y forma parte legítima de la explicación sobre su ascenso político.

El episodio terminó cayendo en el más extremo ridículo cuando apareció Ricardo Salinas Pliego.

El empresario le ofreció comprar la casa a precio de remate para después venderla o regalarla a “algún mexicano honesto y trabajador”. También lo invitó a solicitar empleo en una de sus empresas. La respuesta fue grosera, calculada y brutalmente eficaz.

Salinas entendió dónde estaba la escenografía.

La publicación intentaba presentar a Arriaga como el Revolucionario Pobre: el maestro comprometido que entregó su vida al pueblo, fue traicionado por el gobierno y ahora pierde su patrimonio frente al monstruo bancario.

La oferta de compra rompió el decorado. De pronto quedó un exfuncionario que ganaba casi 137 mil pesos netos al mes, tenía una casa adquirida quince años antes y esperaba que su antiguo patrón resolviera un compromiso firmado con un banco privado.

La supuesta liquidación también requiere menos consigna y traje de martir.

Como director general, Arriaga era empleado de confianza. Su incorporación a la SEP quedó registrada dentro del Servicio Profesional de Carrera mediante el artículo 34. La Suprema Corte ha determinado que los trabajadores de confianza pertenecientes a ese sistema pueden recibir una indemnización de tres meses de sueldo y veinte días por año cuando acreditan un despido injustificado. No tienen derecho automático a reinstalación ni salarios caídos.

Arriaga puede reclamar. Tendrá que demostrar que su separación fue injustificada y que la indemnización procede. Mientras una autoridad no lo determine, esa “liquidación” representa una pretensión laboral, no dinero reconocido, vencido y guardado maliciosamente en algún cajón de la SEP.

El revolucionario suele ofrecer soluciones para la vida de todos. Quiere cambiar la educación, la economía, la propiedad, las relaciones laborales y hasta la manera en que los niños entienden el mundo.

La prueba comienza en casa.

Leer un contrato. Comprender una tasa. Conocer el plazo. Preparar un fondo de emergencia. Ajustar los gastos cuando termina un nombramiento. Reconocer que todo crédito tiene un costo y que todo cargo público tiene fecha de caducidad.

Resulta difícil educar a una nación cuando los intereses parecen una revelación, los cinco meses se convierten en seis y las matemáticas fueron sustituidas por palabras suficientemente vagas para que ninguna cuenta tenga que cerrar.

La realidad conserva una costumbre muy poco revolucionaria: le vale absolutamente madres lo que pienses.